- “El derecho y la ley ya no pueden ser la misma cosa, luego de que se inauguró el estado constitucionalista democrático”, advirtió el investigador
- El nuevo abogado debe incidir en la defensa de los derechos humanos con decisiones ponderadas, que amalgame el interés público del Estado con el interés del individuo
Manlio Fabio Casarín León, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas
Alma Celia San Martín
Papantla, Ver., 23/03/2017.- Manlio Fabio Casarín León, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana (UV), dictó la conferencia “La enseñanza del derecho con pertinencia cultural y calidad para la formación integral de abogados desde el enfoque del pluralismo jurídico”, organizada por la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) y la Vicerrectoría región Poza Rica-Tuxpan, el viernes 17 de marzo en el auditorio del Museo “Teodoro Cano” de Papantla.
Ante un nutrido público, sostuvo que la Licenciatura en Derecho con Enfoque de Pluralismo Jurídico que la UVI oferta en la sede Totonacapan, ubicada en Espinal, es un proyecto ambicioso propuesto por la UV, al darle un nuevo enfoque y perspectiva a la enseñanza del derecho para adecuarla a las circunstancias sociopolíticas del México actual y el mundo global.
La oferta de dicho programa educativo se inserta en el nuevo modelo de la ciencia jurídica mundial ante situaciones que exigen replantear la enseñanza del derecho, donde la formación ya no sólo es disciplinar, aquella que sólo prioriza el estudio de las diferentes materias del derecho: civil, familiar, penal y agrario, entre otros. Se requiere de nuevas herramientas para el ejercicio profesional del nuevo abogado ante el cambio de paradigmas que transformó la ciencia jurídica, la cual privilegiaba una perspectiva legalista basada en el espíritu del legislador, compartió.
Casarín León expresó que durante el estado legalista, “ley y derecho significaban la misma cosa, porque se veían como algo perfecto. El derecho y la ley ya no pueden ser la misma cosa, luego de que se inauguró el estado constitucionalista democrático”. Al surgir el condicionamiento de los poderes públicos-políticos, también la ley debe vincularse a principios y valores de la Constitución para que repercuta de manera positiva en la sociedad al regularla armoniosamente.
Agregó que se requiere de un defensor jurídico que obligue a redimensionar el papel del juez, para que éste controle la norma si es contraria o violatoria de los derechos humanos. El profesional del derecho debe habilitarse para entender que las exigencias de concretar los principios y derechos de la Constitución sólo serán posibles al fundamentar y ejercerlos a partir de una nueva práctica profesional “que rompa con paradigmas y sentencias de ‘machote’, con resoluciones predeterminadas, para frenar la inercia de la política pública y del trabajo legislativo”.
Dijo que el abogado debe entender este cambio de paradigma del estado legalista al estado constitucional democrático pues en el primero las garantías individuales valían en función de la ley, porque el legislador le imprimía límites, en tanto que con el segundo “la ley vale en función de los derechos humanos”.
El abogado necesita fundamentar la defensa de los derechos humanos en los principios y valores de la Constitución Mexicana para defender la dignidad de la persona y mejorar su calidad de vida, y con ello causar ánimos de trasformación en el operador jurídico que lo lleven a cambiar o a redimensionar su papel.
El pluralismo de diversa índole en el contexto multicultural (político, sociocultural, jurídico), como el de las sedes de la UVI, debe impulsarse con la formación de un nuevo abogado con enfoque de pluralismo jurídico en diversas materias del derecho: desarrollo sustentable, protección del patrimonio histórico, arquitectónico, artístico y cultural, y los derechos del consumidor, asociado al logro del “mínimo vital” de los derechos económicos sociales culturales y ambientales, pues es deber del Estado garantizar a los ciudadanos el acceso a salud, educación, cultura, desarrollo económico que no contravenga derechos humanos, por ejemplo, los derechos de los pueblos originarios con relación a la propiedad y acceso a sus tierras.
Por ello se deben formar abogados para el redimensionamiento de la práctica jurídica “que promuevan la concreción de los derechos humanos, si esto no se hace no pasaremos de la formalidad y la homogeneidad. El nuevo abogado debe incidir en la defensa de los derechos humanos con decisiones ponderadas, que amalgame el interés público del Estado con el interés del individuo, a fin de elevar el nivel de acceso a la justicia”, expuso.
Para Casarín León es una equivocación sostener que la clave es cumplir la ley, pues lo importante no es sólo la legalidad, sino el control democrático que acote a los operadores jurídicos y la acción estatal; para ello, ante la formalidad de foros y consultas ─que inducen la pasividad del ciudadano─ es necesario cambiar el sentido de la consulta para promover la democratización del sistema, mediante el referéndum que refleje la pluralidad de la sociedad, pero también que ésta asuma la responsabilidad de los costos de sus decisiones.
La salvaguarda de la tutela de los derechos humanos exige un rediseño de las instituciones políticas y jurídicas que aseguren “maximizar el control ciudadano y la participación ciudadana, para que surja un estado multicultural”, afirmó.
En la conferencia estuvieron presentes el coordinador de la UVI Totonacapan, Antonino Santiago Isidro, y el coordinador regional de Vinculación, Daniel Bello López.