C.P. y MGP Ludivina Leija Rodríguez


Los últimos años han sido determinantes para el avance democrático del país, los ciudadanos podemos percatarnos de ello, ya que los legisladores han realizado una serie de reformas constitucionales encaminadas a la mejora en materia de transparencia, disciplina financiera y combate a la corrupción. Las reformas señaladas son de aplicación general a los tres niveles de gobierno y dieron paso a las leyes generales que se describen a continuación.

La publicación en mayo de 2015 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, representa un importante logro para la sociedad mexicana. Con esta ley se sientan las bases para contar con un Sistema Nacional de Transparencia y se establece el funcionamiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Con base en esta ley general se creó la Plataforma Nacional de Transparencia, instrumento informático que será la base para la transición al nuevo esquema informativo nacional.

Casi un año después, el 27 de abril de 2016 se publicó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios que vino a precisar las disposiciones de la reforma constitucional. Esta ley permitirá contar con un mayor control de los endeudamientos y la medición en las finanzas públicas de los gobiernos subnacionales, contemplando dos principales esquemas de medición y seguimiento: el sistema de alertas y el registro público único.

En este instrumento legal se contienen además un cúmulo de disposiciones que implicarán la mejora en cumplimiento de disposiciones legales y administrativas en materia de deuda pública, generación de mayores y mejores proyecciones presupuestales, constitución de reservas y mecanismos para el logro de una óptima administración de los recursos públicos.

Por lo que respecta a los avances en materia de anticorrupción, en el mes de junio los legisladores federales, en periodo extraordinario de sesiones, retomaron las iniciativas de leyes secundarias para consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción y un sistema general de responsabilidades, con alcance a los tres niveles de gobierno, fortaleciendo también a instituciones como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior de la Federación y la eventual formalización del Sistema Nacional de Fiscalización.

Así también, estamos en presencia de la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, el cual fue introducido en nuestro marco constitucional en el año 2008, que inició su vigencia y aplicación a nivel nacional, a partir del día 18 de junio de este año. Las expectativas de este nuevo esquema van desde la agilización de procesos, un considerable aumento de litigios concluidos por conciliación entre las partes y la inclusión de figuras jurídicas que dan mayor seguridad a la ciudadanía para el cumplimiento de formalidades del proceso acusatorio, como son los jueces de garantías.

Estas reformas representan el compromiso de las instituciones públicas por mejorar cada día la democracia y el estado de derecho de la población, contando con un nuevo marco legal y estableciendo una estrategia homogénea de combate a la corrupción, participación ciudadana, rendición de cuentas y la debida fiscalización de los recursos públicos.