- Por cada denuncia de una desaparición, hay dos más que no se presentan, dio a conocer Darwin Franco Migues, académico de la Universidad de Guadalajara
- Cifras oficiales son menores a las reportadas por los colectivos, destacó
Darwin Franco Migues, académico de la Universidad de Guadalajara
Claudia Peralta Vázquez
Xalapa, Ver. 27/10/2016.- En el estado de Veracruz se tiene un registro de 706 casos de personas desaparecidas, de los cuales 520 se investigan dentro del fuero común y 186 en el ámbito federal, ya que han sido atraídas por la Procuraduría General de la República (PGR), informó Darwin Franco Migues, académico de la Universidad de Guadalajara, quien impartió una conferencia en las instalaciones del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación (CECC) de la Universidad Veracruzana (UV).
El comunicador y periodista compartió que desde hace seis años lleva a cabo una investigación relacionada con los casos de personas desaparecidas en México, precisó que estas cifras oficiales son mucho menores a las proporcionadas por integrantes de algunos colectivos como Solecito, quienes refieren que el número asciende a mil 500 personas.
En la conferencia “La representación mediática de las víctimas”, señaló que por experiencia sabe que por cada denuncia de desaparición que se hace, hay dos más que no se presentan por miedo o desconfianza a las autoridades, o por amenazas.
Al igual que en otras entidades, en Veracruz se ve el mismo panorama ante la falta de investigación, es decir, los expedientes están llenos de oficios de colaboración pero no de trabajo de campo, tampoco se siguen las pistas.
Asimismo, hay una alta rotación de ministerios públicos y policías investigadores, lo cual repercute en que se tenga que iniciar siempre de cero. Tampoco existe un trabajo pericial constante que permita que los familiares descarten que sus parientes desaparecidos se encuentren o no en el Servicio Médico Forense.
“No hay una comprobación de los ADN que se les toma a los miembros de la familia y de los cuerpos que son encontrados en las fosas clandestinas.”
Franco Migues recalcó que el Colectivo Solecito denunció la localización de más de tres mil restos óseos y la autoridad no ha presentado resultados que permitan su identificación.
Subrayó que de acuerdo al reporte 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en los últimos 10 años y desde el inicio de la guerra contra el crimen organizado, en México se han registrado 193 mil 663 homicidios.
El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas 2016, revela que existen 27 mil 430 desapariciones y 223 mil 93 son víctimas directas de personas que perdieron la vida o están desaparecidas.
A nivel nacional, las tres entidades que más casos reportan este fenómeno son: Tamaulipas, con cinco mil 560 casos; México, con dos mil 649, y Jalisco, con dos mil 479. Le siguen: Nuevo León, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Guerrero, Michoacán, Puebla, Ciudad de México, Baja California, Guanajuato y Veracruz.
Resaltó la necesidad de que los medios de comunicación dispongan de espacios para la generación de trabajos de investigación sobre estos temas, pero además, que den a conocer el sentir de las víctimas y no sólo de las autoridades o representantes de las fiscalías, ya que el contenido de sus discursos siempre es el mismo, en el sentido de que la situación no es tan grave como parece o se trata de casos aislados.
“Como periodistas debemos hacer entender que las desapariciones ocurren en contextos donde existen otro tipo de violencias que inciden o generan las acciones.”
Al mencionar los casos de Ayotzinapa, Tierra Blanca y Papantla, manifestó que cuando las personas se refieren al tema de los desaparecidos, lo relacionan con una gran masa que no tiene características.
Sin embargo, siete de cada 10 personas que desaparecen en México son jóvenes entre los 18 y 28 años. La edad de las personas que han perdido la vida va de los 18 a los 32.
En el discurso informativo alrededor de las desapariciones, recalcó que se encuentra una estigmatización de las víctimas con adjetivos vinculados a ellos como: “estudiantes”, “jóvenes” o “delincuentes”.
Dichas etiquetas se les coloca sin una adecuada contextualización y un marco que nos haga entender por qué hay una alta incidencia delictiva.
También, se presenta una revictimización de las familias, a quienes sólo se les muestra a través del dolor y mediante su empoderamiento y lucha, así como una minimización del problema al trasladarlo a un espacio íntimo y familiar, cuando la lucha es de todos, tengamos o no familiares o amigos desaparecidos.