Confía Yazmín Copete lograr consenso para crear Ley de Banco de Datos Genéticos.

Dijo que este proyecto legislativo debe verse como prioridad en el Congreso del Estado ante la difícil situación de inseguridad que enfrenta Veracruz, fenómeno que provoca que hoy existan en la entidad decenas de cadáveres sin identificar y muchas familias buscando a sus víctimas.

Reiteró que “el complicado escenario que enfrenta Veracruz, obliga a la LXIV Legislatura a expedir el instrumento jurídico que genere atribuciones y obligaciones concretas para las autoridades que ya trabajan con datos genéticos, y evitar dilación en la obtención de muestras biológicas”.

La diputada por el distrito de Santiago Tuxtla destacó que el Banco de Datos Genéticos y su Sistema de Registro de Información dispondrán de una base de datos de ADN de los cadáveres y/o restos humanos no identificados, y de familiares en busca de personas desaparecidas, que voluntariamente aporten muestra biológica para su identificación.

La citada base de datos facilitará la confrontación genética, y evitará que los familiares sufran la revictimización al tener que someterse a exámenes de ADN cada vez que se encuentran restos humanos.

De acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), Veracruz ocupa el segundo lugar del país en denuncias interpuestas por familiares de personas no localizadas, con un total de 722, de las cuales 198 son del fuero federal y 524 del común, solo después de Guerrero.

La legisladora consideró que el lamentable escenario que enfrenta la entidad obliga a sentar las bases para evitar dilación o sancionar la omisión en la intervención de los servicios periciales para la obtención de muestras biológicas de ADN de los familiares, a fin de cotejar resultados con aquellos obtenidos de cadáveres no identificados en los servicios médico-forenses del país, restos óseos encontrados en fosas clandestinas u otros lugares.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado (FGE) cuenta apenas con 266 perfiles genéticos de familiares, los demás se desconocen dónde están, pues nunca fueron integrados al banco estatal.

La diputada reprochó que en la pasada administración, la Dirección General de Servicios Periciales simuló procesar los perfiles, y envió miles de cuerpos a fosas comunes sin hacer los cruces de información con los familiares en búsqueda de desaparecidos, citó que en la región Córdoba-Orizaba, la FGE del estado realizó muestreo de ADN, donde se estima, obtuvieron más de 400 pruebas de las cuales se desconoce el destino.

A la fecha las autoridades e integrantes de colectivos en busca de personas desaparecidas han encontrado fosas clandestinas en Tihuatlán, Tecuatla, Córdoba, San Julián, Tres Valles, Cosamaloapan, Alvarado, Tatahuicapan, Jáltipan, Coatzacoalcos, Nanchital, Agua Dulce, Las Choapas y Colinas de Santa Fe, con un alto porcentaje de restos ahí localizados y que están sin identificar.

Tan solo en Colinas de Santa Fe se ha realizado la búsqueda de personas desaparecidas durante ocho meses. Hasta marzo de 2017, se tenía registro de 253 cuerpos en 125 fosas, pero falta por inspeccionar el 30 por ciento del terreno, por lo que es necesario tener un registro de todos esos cadáveres, lo que obliga a que Veracruz cuente con una ley de Banco de Datos Genéticos.