Lejos quedaron los años durante los cuales se discutía la correlación implícita entre autonomía municipal y capacidad económica; la eficiencia municipal estaba ausente en obras y beneficios colectivos, requería activarse a través de la suficiencia económica. Hubo reformas constitucionales y se pusieron en operación los convenios fiscales correspondientes para fortalecer la economía edilicia, pero con el nuevo avituallamiento económico acreció la corrupción haciendo necesaria la creación de órganos de control para la administración y gasto municipal; pero de nada han valido ni el Orfis ni la Comisión de Vigilancia del Congreso porque no han podido disminuir los índices de corrupción ni han contribuido eficientemente al cumplimiento de planes y proyectos municipales. Puras pérdidas.