Parece contundente el bagaje de 89 pruebas que la Fiscalía General presentó para demostrar la culpabilidad de mandos superiores, medios y operativos de la Secretaría de Seguridad Pública durante el mandato de Duarte de Ochoa, tantas que convencieron al juzgador de vincular a proceso a Arturo Bermúdez, Oscar Sánchez Tirado, Roberto González Meza y 16 policías. Para los inculpados lo bueno es que durante su desempeño adquirieron mucho dinero (“haya sido como haya sido”) y tienen capacidad económica para derramarlo entre los abogados de su defensa; lo malo estriba en que pudieran agregarse otros delitos, y lo peor es que el delito de desaparición forzada se penaliza con muuuuuchos años de cautiverio. Pero cuando la ley se aplica el que la hace la paga.